Como arranque del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica –y de la campaña del señor Trump para reelegirse como presidente de los Estados Unidos– aparece la amenaza de que nos vuelvan a aplicar la llamada “ley COOL” (Country Of Origin Labeling o “etiquetado del país de origen”). Ésta se encuentra vigente en el país vecino desde 2002 y fue aplicada entre 2008 y 2015 a las carnes de res, de cerdo y molida. Como la ley obligaba a que la etiqueta del producto dijera dónde nació, se engordó y se procesó el ganado, aquel que provenía del extranjero, prácticamente todo de Canadá y México, tenía que ser manejado por separado, lo que ocasionaba gastos a los ganaderos, corrales y plantas frigoríficas estadounidenses por una cantidad que entonces se calculó en 60 dólares por cabeza bovina, en promedio, la cual corría por cuenta del vendedor de los animales. Tanto Canadá como México se quejaron ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) al considerar que se trataba de una barrera no arancelaria que buscaba beneficiar a los ganaderos del país vecino dando trato discriminatorio a los extranjeros. Dicho organismo dio la razón a los quejosos y determinó que éstos podían, en compensación, aplicar aranceles extraordinarios a productos estadounidenses por un monto equivalente al daño que la ley COOL les había causado, los cuales él mismo calculó en 791 millones de dólares para Canadá y 228 millones para México. La OMC estimó el daño promedio por cabeza entre 60 y 100 dólares (una media de 80), lo cual querría decir que en los seis años que abarcó la investigación, cerca de tres millones de cabezas exportadas por México habían tenido que pagar el costo del etiquetado especial. A finales de 2015 los Estados Unidos dejaron de aplicar la ley COOL y hasta la fecha México no ha fijado a los productos estadounidenses los aranceles por los 228 millones a que tiene derecho para resarcirse del daño.
